El diputado Andrés Pintos Caballero (MC) propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de publicidad de casinos y casas de apuestas, con el objetivo de prevenir la violación de los derechos de la niñez.
La iniciativa busca modificar el artículo 243 para establecer que sólo podrá hacerse publicidad o anuncio de casinos y de casas de apuestas deportivas cuando éstos hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación, “permitiendo la misma únicamente antes del inicio de cualquier evento deportivo”.
Adicionalmente sugiere modificar la fracción VIII del artículo 246 del mismo ordenamiento legal, con el fin de que en la publicidad destinada al público infantil no se permita “promover o incitar a que participen en apuestas en cualquiera de sus modalidades”.
La propuesta, en estudio en la Comisión de Radio y Televisión, expone que en actividades previas a encuentros deportivos como el futbol, béisbol o boxeo se bombardea a niñas, niños y adolescentes con publicidad que los incita y despierta su curiosidad de participar en cualquier modalidad de juegos de azar.
Refiere que no se debe olvidar que la práctica de un deporte debe ser símbolo de salud física, mental e integración familiar; además, a través de las trasmisiones masivas de eventos deportivos la niñez sueña o anhela en convertirse en gran deportista o formar parte de algún equipo profesional que ve en televisión o a través de redes sociales.
Subraya que no se debe permitir que esos sueños se conviertan en sinónimo de adicción a las apuestas por las formas tan explícitas en las que presentan a los supuestos ganadores de las mismas y en el cómo se divierten, dejando de lado la práctica del deporte en sí.
Por ello, considera que es urgente que la industria de la radio y la televisión sea regulada de manera clara y precisa en este aspecto, pues son los principales beneficiarios por la gran cantidad de anuncios comprados por las casas de apuestas.
Al existir certeza jurídica, añade, se puede controlar a este sector, y así evitar vulnerar los derechos de los más pequeños. “El Estado no puede darse el lujo de permitir que desde los medios de comunicación se incentiven estas prácticas sin tener una vigilancia real de los mismos”.
Afirma que la iniciativa no busca coartar los derechos de los permisionarios; más bien, pretende llenar los vacíos legales existentes para fortalecer la materia y contar con los criterios suficientes que protejan el desarrollo de la niñez y juventud, combatiendo el rezago existente que se tiene en la ley.
