La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta de la Comisión de Vivienda, impulsa una iniciativa que reforma el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que “toda persona tiene derecho al suelo y a vivienda adecuada”.
En su propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora afirma que el derecho al suelo y la vivienda adecuada hará posible normar y concretar proyectos y acciones tendentes al uso racional y sostenible del suelo y a la legítima aspiración de las personas a una vivienda adecuada.
Enfatiza que el reconocimiento constitucional del derecho humano al suelo es esencial para lograr una sociedad equitativa, incluyente y sostenible, pues al garantizar el acceso a tierras y viviendas adecuadas, se promueve la dignidad humana, se combate la pobreza y se fomenta la participación ciudadana en la construcción de un futuro más sostenible
“Estaremos sentando las bases para una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo tenga la oportunidad de vivir en un entorno seguro y desarrollarse plenamente”, sostiene la legisladora.
Para lograrlo, explica en el documento, es necesario un compromiso firme de los gobiernos y la sociedad en su conjunto, así como la implementación de políticas y programas concretos que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho fundamental. Considera que el acceso a tierras propias fomenta la participación activa de las personas en la conservación de los recursos naturales y la implementación de prácticas agrícolas y urbanas sostenibles.
Esto contribuye a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la construcción de comunidades resilientes.
Aguilar Gil precisa que, durante los últimos 70 años, en México la población ha crecido poco más de cuatro veces: en 1950 había 25.8 millones de personas; en 2020 se registraron 126 millones, mientras que de 2010 a 2020 la población se incrementó en 14 millones de habitantes, lo que ha repercutido invariablemente en la demanda de vivienda.
La urbanización y el crecimiento de la población ha sido descontrolado y carece de planificación; los intereses privados y políticos han prevalecido sobre los intereses sociales, lo que ha permitido que la especulación inmobiliaria agote una gran cantidad de tierra de costo accesible para los mexicanos de bajos ingresos, advierte la iniciativa.
