En el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el trágico caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, se expuso que las autoridades políticas y de seguridad, han ocultado información crucial que ha obstaculizado el descubrimiento de la verdad detrás de los hechos.
Ángela María Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del GIEI, señalaron directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por ocultar información relevante sobre los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
También se descubrió la participación de otras personas y de la Marina, que antes no habían sido consideradas en relación con la desaparición de los normalistas.
Uno de los aspectos preocupantes que surgieron en el informe es la existencia de personas no identificadas que mantuvieron comunicación con las autoridades, lo que llevó al GIEI a solicitar una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer este vínculo.
El Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen) también fue mencionado por Carlos Beristáin, quien reveló que este organismo ocultó su participación en detenciones e interrogatorios durante las investigaciones.
Además, se destacó que las declaraciones de los militares involucrados han sido inconsistentes y cambiantes.
El GIEI también puso de manifiesto un seguimiento exhaustivo de las actividades de los normalistas, lo que aumenta las sospechas sobre el manejo de la situación por parte de las autoridades.
Por otro lado, la Sedena fue acusada por continúar mintiendo y ocultando información crucial para conocer las acciones llevadas a cabo por el personal castrense en el día de los hechos.
Los expertos enfatizaron que los actos de corrupción entre las autoridades y miembros del crimen organizado son fundamentales para entender la desaparición de los estudiantes.
Se destacó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), que inicialmente afirmó haber colaborado solo en la custodia de lugares de investigación, pero ahora se ha descubierto su intervención ilegal en el área del Río San Juan.
Además, se acusó a personal de la Marina de detener y torturar a varios detenidos para construir una versión conocida como la “verdad histórica”, que fue presentada por Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República.
Cabe mencionar, que las personas detenidas en relación con los hechos fueron acusadas de delincuencia organizada y portación de armas, pero no por el delito de desaparición forzada.
El GIEI ya había denunciado en marzo que el Ejército había negado la existencia de información relevante para el caso y que había ocultado deliberadamente documentos relacionados con la noche de Iguala, donde ocurrió la tragedia.
La presentación de este último informe por parte del GIEI reaviva la exigencia de justicia y verdad para los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como la necesidad de abordar la problemática de la impunidad y el encubrimiento por parte de las instituciones gubernamentales en casos de violaciones a los derechos humanos.
