Por Víctor Barrera
La devastación que deja, no solo de manera económica sino también en lo social, el alto índice de hechos delictivos en el país, está superando a las administraciones anteriores y ante esto, el inquilino de Palacio Nacional no hace absolutamente nada, mostrando su indolencia hacia la gente, porque su único objetivo es mantener el poder, aunque no tenga idea de cómo utilizarlo.
Esta administración federal, cada tiempo determinado, al presentar su índice delictivo, no muestra un grado de empatía ante la gente y pretende engañarla maquillando las cifras, para manifestar que el cambio se puede observar y sentir en el rubro de la seguridad, pero la realidad es otra.
En México estamos viviendo un tiempo donde una gran cantidad y diversidad de crímenes afectan a la gente de diversas regiones del país. Sin duda, el costo social de esa cantidad de delitos es enorme. Tan solo en el tema de homicidios dolosos, estos suman cerca de 160 mil en lo que va de este sexenio, a esto deberemos agregar que la extorsión, el robo, el secuestro, el cobro de piso en muchas ocasiones es perpetrado no solo por grupos criminales sino con personas que pertenecen a los diferentes cuerpos de seguridad del país, ocasionando con ello un deterioro en la calidad de vida de la gente.
Esto significa que, al tabasqueño, quien ocupa la titularidad del poder Ejecutivo, se olvidó o no quiere entender que una de las funciones principales del gobierno es otorgar la protección de los individuos, en su vida y sus propiedades, en contra de actos de terceros que atenten contra ello. Esto para evitar que la población procure justicia por si misma y con ello crear un caos mayor.
El afán de pasar a la historia de México como uno de los mejores presidente del país, ha hecho que López Obrador se olvide de crear una política pública que en verdad vaya dirigida a inhibir la incidencia de delitos y solo se le ocurrió que su política es “abrazos y no balazos”, algo que realmente causa hilaridad a los criminales.
En México, aunque se incrementen las sanciones por delitos cometidos, esto no inhibe a los criminales, porque lamentablemente estas leyes no están bien delimitadas y esto permite que los infractores busquen los resquicios legales para evitar ser sancionados.
A esto sumamos que la parte del gobierno, que es la fiscalía general de la República y las estatales, difícilmente presentan carpetas bien fundamentadas, lo que aumenta la probabilidad de que los infractores sean realmente sancionados, aumentando el incide de impunidad en el país.
Debemos recordar que lamentablemente esto ha provocado que los criminales puedan cometer sus actos sin ser castigados y ello incita a que busquen mayor poder para evitar tener algún “problema” por su actuar, como lo es en muchas ocasiones comprar a las autoridades, desde los cuerpos policíacos, amenazar a jueces para evitar la condena o participar con “apoyo” de campañas políticas, para luego realizar el “cobro de factura” a los políticos apoyados.
Todo esto ha dejado como resultado que gran cantidad de recursos, en inversiones, no se asiente en el país, para generar más fuentes de empleo, mejores salarios y por supuesto un mejor sistema de seguridad pública.
