El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), señaló la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con recursos federales ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), porque actualmente no están previstas partidas presupuestales para ello.
El magistrado Guerra Álvarez alertó que de no garantizarse, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional.
En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, diputados de todos los partidos expresaron su respaldo a las necesidades presupuestarias de los tribunales, y el presidente de la Comisión, Erasmo González Robledo, ofreció un diálogo continuo con la Conatrib para garantizar la correcta implementación del CNPCF.
A nombre de la Conatrib, su tesorero, Sergio Fontes Granados, entregó al diputado González Robledo una carpeta preliminar que contiene los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementación del CNPCF, que se estima en un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años.
En el encuentro, 25 titulares de poderes judiciales estatales respaldaron al magistrado Guerra y señalaron que, comparado con la implementación del sistema penal acusatorio para la relativa al CNPCF, las judicaturas locales tienen la mitad del tiempo- cuatro años-, con un requerimiento presupuestal que será del doble o el triple del que necesitaron para aquella.
