Ante la intención en la Cámara de Diputados de limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón llamó a los legisladores a organizar que mesas de debate e incluso ejercicios de parlamento abierto antes de tomar una decisión.
Al participar en el Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral, con enfoque en el uso indebido de los programas sociales, se refirió al planteamiento en San Lázaro y señaló que no se debe tomar a la ligera.
“Esta iniciativa no puede tomarse a la ligera porque expresa lo que los representantes populares tienen como programa político respecto a la consolidación de los avances democráticos o las garantías para la mayor protección de los avances fundamentales”, declaró.
En su discurso, apuntó que, durante las últimas décadas, el Tribunal Electoral ha caminado de la mano de una ciudadanía que exige hacer efectivos los derechos de los grupos menos favorecidos y de las mujeres.
Por ello, dijo que, en su opinión, deben de hacerse mesas de análisis o un ejercicio de parlamento abierto antes de tomar una decisión que limite al TEPJF en cuanto a las acciones afirmativas.
“Sería deseable que en la Cámara de Diputados también se llevará a cabo un parlamento abierto en relación con las iniciativas que proponen recientemente limitar los alcances del control constitucional convencional que lleva a cabo el Tribunal Electoral”, declaró.
Rodríguez Mondragón alertó sobre lo que implicaría limitar las acciones afirmativas a decisiones del Congreso, porque impactaría a todas las instancias.
“Particularmente tratándose de acciones afirmativas la iniciativa propone que sean una facultad exclusiva, reservada para el Congreso federal, esto impediría que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, establezca acciones afirmativas en el ámbito político, tratándose de los gabinetes, que los tribunales ya no tendríamos posibilidad de establecer acciones afirmativas, sólo de revisar las que el legislador establezca y si no establece alguna solamente señalar la omisión al respecto, pero tampoco lo podría hacer un Congreso estatal o las autoridades a nivel estatal, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso general el establecer acciones afirmativas tratándose de grupos vulnerables”, observó.
El magistrado presidente del TEPJF indicó que el uso indebido de programas sociales no es la única manera en la que la democracia se debilita, sino también cuando prevalece la discriminación, por género, raza, condición social o por razones políticas, cuando se transgreden los derechos humanos de las personas y cuando los grupos en situación de desventaja no cuentan con la representación en los espacios de toma de decisión y de representación popular.
