Por Víctor Barrera
Una vez más este gobierno federal da muestra que su único objetivo es mantener el poder para sacar provecho económico.
De acuerdo a información de un periódico de circulación nacional, el inquilino de Palacio Nacional envío, desde el 23 de marzo pasado, a la Cámara de Diputados, un proyecto para modificar 23 leyes que eviten al gobierno pagar indemnizaciones cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.
También busca que los proyectos de este gobierno puedan iniciarse sin los permisos o justificaciones legales que actualmente se encuentra obligado con el objetivo de evitar que se apliquen las leyes y poder hacer y deshacer sin ninguna restricción.
Esto provoca otro punto de incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que quisieran aplicar sus capitales en nuestro país.
Este gobierno no entiende que una nación se desarrolla con la aplicación importante de capitales no solo públicos, sino también privados, que permitan desarrollar la ciencia y la tecnología para construir infraestructura que no perjudique el medio ambiente y que permita a su vez dar un servicio de calidad a la población.
Las reformas propuestas eliminan estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del gobierno.
Por tratarse de reformas a leyes y no a la Constitución, es muy probable que los legisladores afines al proyecto de la 4T, lo votaran a favor de manera oficiosa, sin leer, analizar y establecer si en verdad ayudan o no el desarrollo el país.
Los legisladores de Morena, PVEM y PT nuevamente trabajaran a favor de una persona y no de la población entera y con la aprobación por mayoría simple de parte del oficialismo en el Congreso es suficiente para que el gobierno se salga con la suya.
Quienes pagaremos estas decisiones seremos todos los mexicanos, porque ante la falta de recursos para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, pronto veremos un país con deficiencias
Los legisladores del Morena, PVEM y PT no condenaran a tener un país con servicios públicos deficientes, con sistemas públicos como el de salud y educativos precarios, que junto a un sistema electoral totalmente secuestrado por el gobierno, seremos gobernados, por varios años, un grupo que serán millonarios mientras que mas del 80 de la población vivirá de las migajas que quieran destinar a los programas sociales, de existir estos, pero ante la falta de generación de riqueza, estos programas irán desapareciendo poco a poco.
Estos legisladores de la 4T pondrán en manos de un pequeño grupo la generación de riqueza y probablemente todo será construido por el ejército, eliminando cada vez más la participación de la Iniciativa privada y con ello la generación de empleos.
Estaremos en una nación donde se realizaran proyectos caros, sin pies ni cabeza, pagados con el erario público. Porque las reformas proponen “salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales”.
Esto inhibirá la inversión privada porque no tendrán la certeza de obtener una indemnización si el gobierno “por utilidad pública” da por finalizado los contratos contraídos. Este proyecto de reformas, apuntan que “se ponen límites para impedir “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras”, señala la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de “notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales”, se dispensan los permisos legales correspondientes. Esto porque los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra.
México seguirá siendo un país de ocurrencias y caprichos en la construcción de obras aun cuando estos no tengan una utilidad publica o vayan en contra del medio ambiente.
