Por Víctor Barrera
Por segunda ocasión los ciudadanos se organizaron para salir a defender al INE y mostrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene el apoyo de los ciudadanos para evitar se apliquen las modificaciones a la Ley electoral, llamado plan b, que fue aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
El Zócalo capitalino se abarroto de quienes no piensan igual al tabasqueño y otros más que ya están desilusionados de este gobierno que actúa a través de ocurrencias y mentiras con un titular del poder ejecutivo pendenciero que cada día busca un pretexto para descalificar a grupos o sectores de la sociedad.
Así, como el 13 de noviembre del año pasado, se hizo manifiesto ese rechazo a desmantelar a las instituciones que, por lo menos en este nuevo siglo, nos han dado la garantía de que nuestro voto si cale y si cuenta en las decisiones del país.
Ahora será el trabajo de la Corte y el Poder Judicial, quienes deben cumplir con su función de contrapeso para impedir que las modificaciones de la ley electoral otorgue más poder al Ejecutivo, y subyugar a la democracia.
Esta marcha también debe entenderla el Ejecutivo como una protesta a la falta del cumplimiento de sus compromisos, y un llamado de atención a cumplirlos o de lo contrario, por más dinero que utilice el gobierno federal del erario público, para pretender seguir comprando voluntades a través de sus programas sociales, no tiene asegura el triunfo en los comicios de este año y en el 2024, cuando está en juego la presidencia de la república y la integración del Congreso de la Unión.
Es quizás por esto último que, López Obrador está desesperado por imponer un árbitro debitado y parcial, regresando a nuestro país muchos años atrás donde la democracia se decidía desde la presidencia nacional.
Donde la democracia era en verdad una “dictadura perfecta” y esto hizo mucho daño al país durante décadas.
Esto mismo se está mostrando ante las decisiones de López Obrador de ahuyentar, con sus dichos y hechos, a las inversiones que han pensado en nuestro país, como lo el lugar donde establecerse, ejemplos son muchos, pero el más representativo es la Cervecera Constellation Brands, que se le impidió su inhalación a través de una consulta “patito”.
Ahora cuando la empresa Tesla pretende instalarse en Nuevo León, el capricho del tabasqueño de quererla poner cerca del AIFA podría echar abajo esta decisión.
Es decir, les quita a los mexicanos la oportunidad de que se generen más empleos se establezcan más centro de producción y se originen cadenas productivas a favor del desarrollo económico del país.
Debemos recordar que México aún se encuentra en medio de un proceso por la anulación de contratos con empresas de generación de electricidad, que, de fallar en contra de nuestro país, la sanción costara miles de millones de pesos.
La incertidumbre y la desconfianza que ha creado López obrador sobre su gobierno han frenado una oleada de inversiones que buscan en el nearshoring, un establecimiento de sus empresas en un lugar seguro y cercano al país con una de las economías más importantes del mundo como es Estados Unidos.
Tiene razón el presidente de la República cuando señala que estos son tiempos de definiciones, pero no entiende que estos deben dirigirse a un mayor crecimiento económico y un respeto absoluto a todos los derechos que se consagran en nuestra constitución.
