El Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY), advirtió que ante el deterioro de las condiciones de la movilidad social registradas entre 2018 y 2020, es necesario que la política en desarrollo social del gobierno, se reoriente hacia la población en condiciones de mayor pobreza.
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el CEEY apuntó que la movilidad social, concebida como el cambio en las condiciones socioeconómicas de las personas de una generación a otra, depende crucialmente de los recursos económicos de los hogares, del nivel educativo de los padres y de la salud de estos. Los programas sociales de la actual administración han reducido el monto promedio de las transferencias monetarias dedicadas a los hogares con menores ingresos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 y 2020.
Para 2020, con la pandemia, los mayores incrementos en las carencias de las personas fueron las de acceso a los servicios de salud, de ingreso, de alimentación y de educación. Esto afectó particularmente a la población con mayores desventajas, lo que reduce las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones.
Aunque entre 2018 y 2020 el gasto en desarrollo social se incrementó en 9.6% en términos reales, también se incrementaron las carencias de aquellos que ya tenían una mayor desventaja. Por ejemplo, la carencia de acceso a servicios de salud de la población más pobre (primer decil) aumentó de 16.8% a 39.3% y sus transferencias monetarias promedio se redujeron 42%.
Además, las transferencias para los grupos de ingresos medios y altos han aumentado. Por ejemplo, para el estrato de mayor ingreso (décimo decil) se han quintuplicado. Esto profundiza aún más la desigualdad de oportunidades y reduce la movilidad social esperada.
Para que la política de desarrollo promueva la movilidad social es necesario que el gasto en desarrollo aumente las oportunidades, en primer lugar, de las personas en condiciones de mayor pobreza, concluyó el especialista.
