Con el objetivo de garantizar que el financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos no sea menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) presentó iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 123 de la Ley General de Educación.
El documento, enviado a la Comisión de Educación, precisa que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.
Añade que el monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del PIB, destinando de este monto al menos el uno por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.
Menciona que el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.
Aguirre Maldonado destaca que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
Se busca establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir, de un ejercicio fiscal a otro, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos.
“A fin de elevar la calidad educativa en México, es necesario no sólo garantizar un presupuesto suficiente año tras año, sino revisar la distribución de éste, ya que actualmente el 95 por ciento del presupuesto destinado a la educación es dirigido a gasto corriente”, añade.
Expone que la recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en este sentido, es que los recursos se dirijan a la inversión en material intensivo y tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje.
Indica que en México más 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria.
