La Guardia Nacional (GN) creada en el 2019 como una corporación de carácter civil e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sumado más actividades y presencia en el territorio mexicano, bajo el control ahora de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
A casi cuatro años de su creación, con más de 128 mil 200 efectivos; todos ellos militares encargados de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias de corrupción; en la actualidad la GN y la SEDENA encabezan la lista de violaciones a derechos humanos.
“El carácter civil de la corporación sólo está en el discurso de su creación, pues en la actualidad quienes conforman la GN son netamente militares”, que al decir de Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos, no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano; “situación que se agrava a un más con el cúmulo de responsabilidades que se le han asignado a los militares de la GN”, afirma Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“La Guardia Nacional, es una institución que nos ha quedado mucho a deber a los mexicanos, lamentablemente desde su creación carece de los instrumentos de formación, los mecanismos de control, los controles de confianza que garantizan que la Guardia Nacional es una institución plenamente capaz de atender las labores de seguridad de los ciudadanos; en dicho contexto sumarle actividades para los cuales no se creó la Guardia Nacional, lejos de mejorar su situación propia, la situación de seguridad del país, pone en mayor riesgo a cada uno de los mexicanos”
Bajo el control estricto de la SEDENA, los efectivos castrenses de la Guardia Nacional han extendido sus acciones en diversos quehaceres de la vigilancia y control de instituciones y seguridad ciudadana.
En la actualidad, realizan investigación para la prevención de los delitos. Llevan a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados en la investigación para la prevención de delitos. Reciben las denuncias y realizan la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.
Dan cumplimiento a órdenes de aprehensión. Participan en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales. Determinan e imponer sanciones por violaciones a disposiciones y reglas de tránsito. Vigilan e inspeccionan la entrada y salida de mercancías y personas en aeropuertos, puertos marítimos, aduanas y recintos fiscales en cualquier parte del territorio.
Colaboran a solicitud de las autoridades, con los servicios de protección civil. Prestan apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones correspondientes.
Realizan acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de la Red Pública de Internet sobre sitios web. Estudian, planifican y ejecutan los métodos y técnicas de combate a la delincuencia. Apoyan en la edificación de obras del gobierno federal, vigilan recintos federales y recientemente se le asignó a la vigilancia del Metro de la CDMX.
“El abanico de responsabilidades y poder que tienen los militares de la GN, a crecentan el riesgo de violaciones a derechos humanos, considera Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
“La Guardia Nacional es la segunda institución con más quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan solo después de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que la tiene bajo su cargo. Esto genera muchísimo temor porque es una institución responsable de violaciones graves muy delicadas; como lo puede ser la tortura, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias”; estas última ya se han dado en el Metro de la Ciudad de México subraya la especialista.
La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea ha causado una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militarización del país y violaciones a derechos humanos. “Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”, argumenta Amnistía Internacional”.
