La diputada federal Lidia Pérez Barcenas presentó un exhorto para que el gobierno de la Ciudad de México haga públicas todas las acciones que ya se han emprendido para sancionar a los responsables de los hechos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez.
A través de un punto de acuerdo, Pérez Barcenas expresó un reconocimiento a las acciones ya emprendidas desde el gobierno y el Congreso de la Ciudad de México para combatir la corrupción del denominado “Cartel Inmobiliario”.
La legisladora de Morena, de igual forma solicitó que, con pleno respeto a la autonomía constitucional al Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México, continúen fortaleciendo el Sistema Anticorrupción con el propósito de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos.
En su argumentación, la diputada federal hizo un recuento de los señalamientos e imputaciones que sostienen esta investigación donde refiere que el pasado agosto de 2022, Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, dio a conocer la forma de operación del presunto grupo delictivo, el cual permitió a varios funcionarios de la demarcación Benito Juárez incrementar su patrimonio de forma injustificada.
Agregó que, de acuerdo con las investigaciones, los señalados se coludían o extorsionaban a empresarios inmobiliarios para otorgar licencias y permisos, facilidades en verificaciones, autorizar la construcción de más pisos o viviendas de los permitidos, así como utilizar influencias en los procesos de zonificación y modificaciones de usos de suelo, todo ello a cambio de recibir inmuebles o dinero. Además, citó que de manera ilegal se permitió que fueran derrumbadas edificaciones con valor histórico.
Pérez Barcenas relató que el pasado 29 de septiembre del 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, expuso que entre las personas llamadas a declarar sobre el caso se encuentran familiares de primera línea de imputados, como cónyuges y hermanos, así como de exdelegados y diversos servidores y ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios.
También narró que el 12 de septiembre del año pasado, la Jefa de Gobierno instruyó instalar una mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios operada por el llamado “Cártel Inmobiliario”, para ello la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que se contabilizaron al menos 800 departamentos que fueron construidos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México sin cumplir con la normatividad.
De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, se estima que, entre el 2008 y el 2022, se construyeron 264 pisos excedentes en 130 edificios, derivados de actos ilegales entre desarrolladores y autoridades.
Mencionó que, de acuerdo con una investigación periodística, entre 2012 y 2018 Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias René Aridjis Vázquez, funcionarios de las administraciones panistas encabezadas por Jorge Romero y Christian Von Roehrich, fundaron una docena de empresas constructoras y comercializadoras inmobiliarias, además adquirieron inmuebles cuyo monto se calcula en los 500 millones de pesos.
En su argumentación, la representante federal subrayó que la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan en la Ciudad de México, pues se trata de la entidad donde se asientan los Poderes de la Unión.
En ese sentido, la diputada Lidia Pérez manifestó que el Congreso federal está obligado a coadyuvar en el combate a la corrupción de todas las entidades de la República, hasta erradicar un flagelo que daña e indigna a la sociedad.
