El Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de 10 a 15 años de prisión y una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien de manera dolosa produzca una lesión que deje cicatriz o marca en la cara o cuerpo de una persona usando algún objeto, material o sustancia corrosiva.
La diputada Valeria Santiago Barrientos mencionó que la propuesta también contempla que cuando la lesión se provoque por razón de género, la víctima sea menor de edad o bien exista un vínculo consanguíneo, de afinidad, amistad o laboral entre el agresor y la víctima, la pena se aplicará al doble.
Señaló que, de acuerdo con datos de la organización especializada Acid Survivors Trust International, la cual trabaja de la mano con Naciones Unidas, al año se producen al menos mil 500 agresiones de este tipo y más del 80 por ciento de las víctimas son mujeres.
Explicó que tan solo en México, hasta diciembre de 2020, se tenía el reporte de que 20 mujeres habían sido atacadas, siendo 2018, el año con el mayor número de ataques, con siete casos; sin embargo, resaltó que no existe una cifra oficial del número real de víctimas de este tipo de violencia.
“Dentro de estos ataques encontramos casos particulares como el de María Elena Ríos, joven saxofonista, originaria de Santo Domingo, Tonalá, quien fue atacada por un hombre que vertió ácido sobre su cuerpo por orden de su ex pareja, dejando huellas imborrables de por vida”, expuso.
Asimismo, resaltó que el ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme, que incluso llega a provocar la muerte, sino también para imponer una condena social que acompañará a la persona lesionada de por vida.
La también secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, refirió que esta problemática ha impactado a la sociedad por su brutalidad, ya que conlleva una altísima carga simbólica y marca de por vida a una persona. Por ello, resaltó la importancia de robustecer las leyes contra la violencia de género y, en general, para las agresiones que dejan en las víctimas cicatrices permanentes.
