La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) impulsa una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 3 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de incluir como tipo de violencia contra esta población la estructural, es decir la ejercida por cualquier institución pública o privada.
Define que es violencia estructural la que comete cualquier institución pública o privada, a través de sus normas o reglamentos, consciente o inconscientemente, en contra de una persona adulta mayor en razón de una o varias características de su condición, la cual produce un daño a la atención de las necesidades humanas básicas.
El documento, remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, considera que dicha violencia puede dañar a una persona al verse impedida por la estructura social para cubrir sus necesidades básicas.
Destaca que “en ocasiones el Gobierno y la sociedad ven a las personas adultas mayores como costos de salud, el cual no alcanza para financiar medicamentos y prestaciones de carácter sanitarias, lo que conlleva a que lleguen a sufrir otro tipo de violencia”.
Por ello, sostiene, es importante establecer en la ley el concepto de violencia estructural, con el propósito de que las instituciones públicas o privadas erradiquen estas acciones garantizando así el derecho de las personas adultas mayores a vivir una vejez plena y libre de cualquier forma de violencia.
Explica que el maltrato estructural se aplica en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social.
Afirma que dicha violencia hacia las personas mayores es un problema de relevancia social, que puede verse manifestado en el ámbito sociocultural, jurídico y económico.
Ello, agrega, tiene como consecuencia el aislamiento, disminución de autoestima y la inseguridad, lo que favorece la generación de estereotipos negativos de la vejez, toda vez que no se reconoce la autonomía de las personas debido a que no existen suficientes disposiciones legales que permitan acompañarlas en el proceso de envejecimiento individual.
Refiere que en México hay aproximadamente 14.5 millones de personas adultas mayores, lo que representa 11 por ciento de la población. Asimismo, existen estudios que “sugieren que entre 8.1 por ciento y 18.6 por ciento de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato, cifras que aumentan al 32 por ciento en el caso de personas mayores con dependencia funcional”.
