Después de una jornada caótica en que miles de manifestantes de todo Perú confluyeron en la capital para la “toma de Lima” antier, quedó un balance con decenas de detenidos, un gran edificio quemado, más de 14 viviendas dañadas y un desorden político que no cesa.
El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en tres regiones más del país hasta mediados de febrero, Amazonas, La Libertad y Tacna, que se sumaron al que ya rige en Puno, Cusco, Lima y el Callao, y las provincias de Andahuaylas (Apurímac), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios) y el distrito de Torata (Moquegua), tras las violentas protestas antigubernamentales y los enfrentamientos entre los policías y los manifestantes.
El protocolo detalla que la intervención de las corporaciones de seguridad se efectuará “conforme a la normativa vigente” y los decretos establecen que las reglas de empleo y uso de fuerzas policial y militar para cumplir órdenes tienen prioridad por encima de varios derechos civiles, como el de libertad, la inviolabilidad de domicilio, de reunión y de tránsito.
Ayer se repitieron las manifestaciones de protesta en el centro de Lima. La policía volvió a reprimir a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas. Alrededor de 40 personas fueron detenidas entre ambos días, informó la policía.
Con una bandera de Yunguyo, pueblo al borde del lago Titicaca en la frontera con Bolivia, a la espalda y ataviada con un sombrero de paja blanco, Olga Mamani, de 50 años, afirmó: “Queremos la renuncia de Dina. Si ella no renuncia, el pueblo no estará en paz”.
En el departamento de Amazonas se reportó un bloqueo carretero y un incendio del Oleoducto Norperuano por parte de manifestantes en la provincia de Condorcanqui, informó Petroperú, la empresa que opera dicha infraestructura.
En la región de La Libertad –en el norte del país– se registraron varios bloqueos en vías federales, al igual que en Tacna, departamento fronterizo con Chile, donde hubo enfrentamientos con agentes antidisturbios.
En Arequipa, la segunda ciudad del país, hubo por segundo día consecutivo fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los inconformes en las zonas cercanas al aeropuerto. Un grupo ingresó a una zona de la terminal aérea.
El jueves, el paro y las marchas convocadas para ese día terminaron con una persona fallecida y al menos 10 heridos en los enfrentamientos con las fuerzas policiales en el intento de asalto del aeropuerto.
Diversos bloqueos y manifestaciones en gran parte de la geografía peruana dejaron varios heridos, aunque se desconocen los datos oficiales. La gran marcha convocada en Lima fue multitudinaria y también terminó en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Las movilizaciones comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional tras el fallido intento de disolver el Congreso por parte del destituido Pedro Castillo. Luego de una tregua navideña, las protestas volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur del país.
La Defensoría del Pueblo de Perú enfatizó que el derecho “fundamental” a la protesta se debe ejercer “de forma pacífica” y “excluye toda acción de violencia contra personas”, y no “permite el ataque o incendio de instalaciones públicas o privadas ni de aquellas donde se prestan servicios públicos”.
La Conferencia Episcopal se ofreció a mediar para buscar un diálogo entre el gobierno y los manifestantes.
En Arequipa, las confrontaciones con la policía dejaron un civil muerto, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de las protestas llegó a 55, y los heridos ya son 600, mientras que en Lima se reportó un gran incendio en una casona del Centro Histórico, considerada patrimonio cultural.
El ministro del Interior, Vicente Romero, acusó que “pirotécnicos y bombardas” habrían ocasionado el incendio en la casona Marcionelli, ubicada a unos pocos metros de la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, en una conferencia nocturna con otros ministros.
Las 55 muertes incluyen un oficial y personas accidentadas, entre las cuales está un nonato que no habría podido recibir atención médica por el bloqueo de una carretera.
La Defensoría también informó que sus representantes han supervisado manifestaciones y marchas en ciudades como la norteña Huaraz, donde se produjo un “incidente” contra una notaría que, según informaron medios locales, es propiedad de Freddy Otárola, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
En la sureña Ayacucho, donde en diciembre murieron 10 personas en manifestaciones, la defensoría también observó una movilización que se realizó de manera pacífica, mientras en la región de Pasco comprobaron que la carretera Central fue bloqueada en varios tramos.
Manifestantes en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco, ingresaron a las instalaciones de una mina llamada Antapaccay de la multinacional Glencore y exigieron detener sus actividades, indicó la empresa en un comunicado. La mina publicó videos donde se ve que parte de su campamento fue incendiado y atribuyó ese acto a un grupo de los que protestaban.
En la región central de Junín y en las norteñas de Piura y Tumbes, los representantes del ombudsman acompañaron una marcha de protestas que se desarrolló sin incidentes.
La Defensoría Pública informó que acudió al Hospital Central de la Policía Nacional “con el fin de conocer el estado de salud de cuatro efectivos heridos en las movilizaciones” del jueves en Lima.
Al cierre de esta edición, se reportaban enfrentamientos entre agentes de reacción rápida y manifestantes, quienes fueron gaseados en varias calles de Lima y Apurímac. Y en la región de Puno –provincia de Chucuito– fue incendiada la comisaría de Zepita.
Los organizadores aseguraron que las movilizaciones no cesarán hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte.
“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente”, declaró a la agencia de noticias Afp el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
El enviado especial del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Perú, Christian Salazar Volkmann, se reunió con Alberto Otárola y le pidió información sobre las acciones gubernamentales para evitar las muertes en las protestas.
