La capacidad de los sistemas de salud están a prueba de manera permanente, por esta razón, es ineludible garantizar a los profesionales del sector su actualización médica continua, es decir, que el Estado regule y supervise que a través de cursos seminarios, congresos y diplomados, muchas veces, por medios electrónicos, estén a su alcance.
Así lo establece la iniciativa de la diputada Eunice Monzón García, que adicionar el tercer párrafo del Artículo 79 de la Ley General de Salud, con la finalidad de facilitar la actualización de conocimientos científico técnicos y con ello, reforzar el derecho fundamental que tiene el ser humano de ser atendido con profesionalismo, ética, responsabilidad y seguridad.
La iniciativa de ley presentada, en voz de la diputada Ana Laura Huerta, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, explica que la pandemia por el coronavirus, vino a revolucionar la forma de vivir y a cambiar muchos de nuestros hábitos.
“Hoy por hoy, es importante capacitar a los galenos para hacer frente a los cambios en la medicina y reafirmar aquellos conocimientos que son fundamentales” remarcó la autora de la propuesta, diputada Monzón García.
Destacó la importancia de reconocer la gran labor de los médicos; profesionales que se enfrentaron a la pandemia en condiciones complejas, con un sistema de salud históricamente abandonado, convirtiéndose en uno de los grupos más vulnerables frente a los contagios, y a pesar de ello, dijo, lograron hacer frente y salvar la vida de muchos pacientes.
“Ellos tienen a su cuidado el más alto valor humano que es la vida y la salud. Hoy en día, la medicina es la profesión que más actualizaciones y mayor capacitación requiere, por ello, tenemos la obligación de reevaluar y transformar los modelos de atención médica, a fin de adaptarlos a las necesidades y expectativas cambiantes del mundo, y legislar para tenerlos al día aprovechando las tecnologías de la información y comunicación” refrendó la legisladora ecologista.
Insistió, el objetivo de la propuesta es velar siempre por los derechos de las personas y asegurar el acceso a la protección y atención de la salud de manera equitativa y con mejores resultados; actualmente los diagnósticos y medicaciones erróneos representan un gran porcentaje de las reclamaciones en las demandas de pacientes y familiares de éstos, concluyó.
