El 2023 recién llegó y aún no se ha completado una semana pero Puebla ya registró dos casos de feminicidio en menos de cinco días, siendo uno de los arranques de año más violentos e inseguros para las mujeres de la entidad.
Fue el 3 de enero cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala reportó el hallazgo del cuerpo de María Eugenia Ocampo Martínez, originaria de Morelos pero con estudios de licenciatura en la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap) y de maestría en la Universidad Iberoamericana (Ibero).
Psicoterapeuta de profesión y con trabajo en San Andrés Cholula, ‘Maru’ fue vista con vida por última vez el 21 de diciembre, por lo que sus familiares reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Pasaron 13 días hasta que pobladores del municipio de Teolocholco, en Tlaxcala, reportaron la presencia de un cuerpo al fondo de una barranca ubicada en las faldas de La Malinche. Horas más tarde, la FGE confirmó que se trataba de María Eugenia, quien apareció semidesnuda, maniatada y con signos de violencia.
Sin embargo, solo un día después de confirmarse la muerte de ‘Maru’, una mujer fue localizada sin vida en campos de terracería que conducen al relleno sanitario de San Martín Texmelucan.
La víctima, que hasta el momento continúa en calidad de desconocida y tenía unos 35 años de edad, aproximadamente, presentó dos heridas de bala en el cuerpo: uno en la cabeza, otro en la cintura.
Al cierre de esta edición la autoridad ministerial poblana no ha reportado más avances en alguna de las dos investigaciones, a reserva de lo que pueda mencionar en las próximas horas.
Cabe destacar que el pasado 3 de enero un total de 55 activistas, asociaciones civiles y colectivos dirigieron una «carta abierta» al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para urgir a su gobierno y a las autoridades investigadoras mayor celeridad ante la violencia «desmedida» de la que fueron parte niñas, adolescentes y mujeres durante los meses de noviembre y diciembre de 2022.
En respuesta, el mandatario se comprometió a establecer una mesa de trabajo con dependencias como la FGE, las secretarías estatales de Gobernación (Segob), de Seguridad Pública (SSP) e Igualdad Sustantiva (SIS), la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda, a fin de asumir las demandas «legítimas» que hicieron los firmantes de la misiva.
