Ante el aumento de delitos que se comenten a través de líneas telefónicas móviles, la diputada federal, Juanita Guerra Mena propuso una iniciativa con la que busca reafirmar y perfeccionar los convenios de colaboración institucionales para desincentivar y castigar la extorsión telefónica.
Para ello, la legisladora refirió que su propuesta señala que tanto los números telefónicos como los móviles deberán inhabilitarse, si se tiene reporte de su uso en la comisión del delito de extorsión, tal puntualidad, explicó, es necesaria, pues la cooperación que ya establece la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se ejerce por un vacío legal.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana apuntó que la normatividad vigente indica que los concesionarios de telecomunicaciones deben proveer a la autoridad información de los aparatos móviles y ubicación digital de las líneas telefónicas que se requieran, además de tomar medidas técnicas para conservar dicha información.
Sin embargo, aclaró, este mecanismo de cooperación de suma importancia “no se cumple debido a que, como consecuencia de la redacción y la arquitectura de esta parcialidad normativa, no se establece que sea obligación de la autoridad investigadora la solicitud de información o de desactivación tanto de aparatos de telefonía celular, como de las líneas telefónicas utilizadas para la comisión de delitos”.
Ante este vacío jurídico, Guerra Mena señaló que “es fundamental perfeccionar el mecanismo de colaboración, a fin de que los reportes de números telefónicos utilizados para extorsión, no quede en el anecdotario”.
Por ello, la parlamentaria explicó que la iniciativa en comento propone reformas en dos aspectos: el primero, a la Ley de la Fiscalía General de la República,” a fin de que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de las líneas telefónicas reportadas como de uso para extorsión, así como de la cancelación del teléfono utilizado”.
La segunda vía, declaró, es la adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que una vez remitida la solicitud de cancelación de servicio de la línea telefónica y la inhabilitación permanente del equipo, los concesionarios proceden de manera inmediata.
Agregó que “de esta manera, estamos complementando un vacío normativo que quedó pendiente desde la expedición de la norma federal en materia de telecomunicaciones, al tiempo que se vuelve obligatorio para la Fiscalía, la implementación de una acción viable, tecnológicamente posible”.
En ese tenor, Juanita Guerra comentó que en el 2021 México reportó una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, problemática en donde Zacatecas mantiene el primer lugar, seguido de Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México.
Ante dicho contexto, la diputada indicó que es necesario actualizar la normativa jurídica y obligar a las autoridades a coordinarse con los concesionarios para generar sinergia y erradicar este delito.
