La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que los partidos políticos integren las fórmulas para senadurías y diputaciones, en el caso de mayoría relativa y de representación proporcional, con personas con discapacidad del mismo género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres.
La iniciativa, que plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de dicha ley, se remitió a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, y de Gobernación y Población, con opinión de Atención a Grupos Vulnerables.
Agrega que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá entre sus atribuciones la de observar el cumplimiento de la obligación de los partidos políticos de incluir en sus candidaturas a mujeres y hombres con discapacidad en los procesos electorales.
También plantea que el INE garantice que los partidos políticos, en el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión, incluyan la tecnología necesaria para el acceso de las personas con discapacidad a los mensajes; asimismo, hagan uso de lengua de señas mexicanas en la elaboración de su propaganda político electoral.
Los partidos políticos nacionales deberán postular al menos seis fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en cualquiera de los 300 distritos que conforman el país, de preferencia en aquellos en los que sea altamente competitivo.
Además, deberán postular dos fórmulas vía la representación proporcional en al menos dos circunscripciones y procurarán que, al menos una, se encuentre en los primeros cinco lugares de la lista nacional.
Además, que sea atribución de los presidentes de las mesas directivas de casilla identificar a las y los votantes con discapacidad que se encuentren en la fila, para darles preferencia al ejercer su derecho al voto.
Resalta que garantizar un marco jurídico que propicie la plena participación de las personas con discapacidad resulta impostergable, ya que los instrumentos internacionales suscritos por México, la legislación relativa a la no discriminación y los derechos humanos representan un mandato para el Congreso.
