Una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México contra el decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, explicó que la medida cautelar es para el efecto de que la institución continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Asimismo, para que la SSPC y la Sedena suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo sexto transitorio, fracción II, del decreto combatido y en caso de que dicha transferencia haya iniciado, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
La juzgadora señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
Por su parte, el presidente de la República y la Sedena argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de la Sedena.
Indicaron que la Guardia Nacional ha probado ser eficaz y por tanto, debe consolidarse a través de la reforma legal impugnada, con el control operativo y administrativo a cargo de la Sedena, además de que la percepción ciudadana favorable a la actuación de la GN en labores de seguridad pública y la confianza en las instituciones militares.
Sin embargo, la juez Macías Lovera desestimó los señalamientos de las autoridades al argumentar que “el debate no debe ceñirse a aspectos utilitarios, sino atender a lo dispuesto en la Constitución”.
