La falta de liquidez, y el nivel de endeudamiento que presentaba el .Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, cuyo titular es Marco Antonio Rodríguez Hurtado, le obligo a buscar los servicios profesionales del despacho de especialistas Buró de Investigaciones Jurídicas en Administración Pública y Fiscal Corporativo S.C. (BIJAP)ravés de estrategias legales, lograron suspender las retenciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN).
Luego de ganarse la ejecutoria, la Federación devolvió 285 millones de pesos al municipio que le permitieron realizar la resolución de pasivos y pagos a proveedores que de toda índole enfrentaba Tlalnepantla.
De esta forma la presente administración, que tomó protesta el 1 de enero del presente año, evitó recurrir al endeudamiento público o privado, como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos que quedan endeudados.
Sin embargo y aun cuando se le otorgó al ayuntamiento una resolución apegada al marco legal, que le permitió recuperar un recurso que con argucias legaloides le fue arrebatado por muchos años, el alcalde no ha pagado los honorarios del buró especializado.
Los 285 millones que obtuvo el alcalde por la vía legal a través del grupo de abogados y permitió realizar el pago de los salarios de los trabajadores del ayuntamiento, de proveedores y sobre todo de obra de carácter social, no ha liquidado su adeudo con el BIJAP.
Esto ultimo, pagar su adeudo, debe ser el digno reconocimiento por el logró sin precedentes del BIJAP en favor de ese ayuntamiento.
Pero hasta ahora el alcalde, Rodríguez Hurtado, y los funcionarios de primer nivel de Tlalnepantla como el director de Administración, Luis Antonio Gutiérrez Herrera y el tesorero, Ricardo Contreras Velázquez, no contestan llamadas y mensajes que se emiten por todas las redes del municipio.
En cambio y luego de la obtención de las demandas en favor del multireferido municipio, el Buró de Investigaciones Jurídicas, fue reconocido por el propio régimen federal, debido a la aplicación de las leyes jurídicas y mercantiles en la querella presentada en los juzgados de la Federación.
