La bancada del PAN, a través de la diputada Rosa María González Azcárraga, interpuso un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto en el que se otorga a la Sedena el mando, la operación y la administración de la Guardia Nacional, “por ser contrario a diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país”.
En su exposición de motivos la legisladora denuncia que la CNDH ha quedado anulada como contrapeso del Poder Ejecutivo.
“La presidida por Rosario Piedra Ibarra, decidió plegarse al discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), deponiendo los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y las consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros de dicho organismo”.
También denuncia que Rosario Piedra “ignora la defensa de los Derechos Humanos de las y los mexicanos que juró defender”, a pesar de que tanto a Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran dentro de las 10 instituciones con el mayor índice de quejas presentadas ante ese Organismo Autónomo (CNDH), por presuntas violaciones a las garantías individuales.
De igual forma, recuerda que dentro de la propia CNDH, los consejeros Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello, Gloria Ramírez Hernández y Bernardo Romero Vázquez, propusieron a Piedra Ibarra “interponer una acción de inconstitucionalidad” contra las reformas aprobadas, recordándole que, desde hace más de una década, organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han considerado la militarización de la seguridad pública en México contraria a los estándares internacionales.
Sostiene que las reformas aprobadas son “de notoria inconstitucionalidad e inconvencionalidad, y por ende, representan una grave amenaza a la protección de los derechos humanos de la población en nuestro país”.
