El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) impulsa una iniciativa de reformas a los artículos 5 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) establezca la obligación de construir rampas de emergencia donde la infraestructura lo justifique, que deberán ser de uso gratuito para cualquier tipo de unidad de transporte, pública o privada.
El título de concesión deberá especificar la gratuidad del uso de rampas de emergencia para cualquier vehículo automotor, señala la propuesta turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
El propósito de las reformas es la protección y seguridad de las y los usuarios de caminos y puentes en el país, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020 se reportaron 301 mil 678 accidentes, de los cuales 11 mil 449 ocurrieron en caminos y puentes federales.
Expone que la página oficial de la SICT establece que el uso de rampas no tiene un cobro, pero el costo se deriva de los daños o reacomodo de materiales que se generan al momento de utilizarlas.
Refiere que la aseguradora deberá cubrir el costo de uso y, en caso de no contar con seguro o si el mismo no cubre el cargo, los vehículos menores a tres toneladas y media tendrán que pagar 7 mil pesos de deducible.
Señala que la existencia de rampas de emergencia no garantiza la seguridad de quienes transitan las carreteras si su uso resulta oneroso y se ve como una fuente de ingreso en lugar de que sea un espacio de prevención de accidentes por fallas mecánicas que no fueron previstas en las unidades.
Uno de los principales problemas es el excesivo cobro al que se enfrentan los transportistas por utilizar las rampas de emergencia, que van desde el uso y el pago de arrastre, mismo que deben cubrir directo ya que no entra en las pólizas de seguro que actualmente existen, menciona.
Destaca la necesidad de que las rampas de emergencia sean de uso gratuito, pues los operadores de tractocamiones han denunciado en diversas ocasiones que su uso por fallas mecánicas resulta oneroso y tienen que pagar hasta 60 mil pesos, más 50 mil pesos por el arrastre de la unidad, ya que los seguros que tienen solo amparan accidentes.
Considera que de aprobarse la reforma se lograría establecer la gratuidad e incentivar el uso de rampas de emergencia a favor de la seguridad vial.
