Por Víctor Barrera
El poder Ejecutivo tiene como obligación principal el buen manejo de los recursos de la nación a través de políticas públicas que propicien el bienestar de la población. Es por ello que las finanzas públicas reflejan la situación y trayectoria financiera de la actuación gubernamental y desde este punto la sociedad debe evaluar si se hace un buen o mal trabajo.
Entonces, si tomamos en cuenta esto, la presente administración federal no tiene resultados favorables. Porque no solo se debe mantener un balance entre los ingresos y los egresos, sino que los egresos que se realicen sirvan para incrementar los ingresos, pero para ofrecer mejores servicios a la población, como es salud, educación seguridad y ante todo mayores recursos a través de sus salarios para evitar que se sufra entre pago y pago para completar el gasto familiar, incluyendo la obtención de bienes y el entretenimiento.
Es cierto que esta administración ha sido cuidadosa en el balance de las finanzas públicas y que este balance primario, definido como la diferencia entre ingresos y gastos de sector público, excluyendo el costo financiero, fue positivo y superior tanto al programado, como, en términos reales, al de igual lapso de 2021.
Esto es importante porque, entre mayor sea, el gobierno tendrá mayor espacio para contener su endeudamiento.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), muestran que el superávit primario y el crecimiento económico permitieron que, de diciembre de 2021 a junio de 2022, la deuda neta total del sector público en términos del Producto Interno Bruto (PIB) se redujera 1.6 puntos porcentuales, resultado que ha eliminado una posible fuente de inestabilidad financiera.
Sin embargo, esto no se ve reflejado en la mejora social, porque a pesar de tener una mejora en la estructura de las finanzas públicas, esto no se refleja en los servicios que ofrece el gobierno en comparación a las administraciones anteriores. La explicación de ello radica que ante la promesa presidencial de evitar los llamados “gasolinazos” se decidió subsidiar el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS, lo que implico también una reducción de estos ingresos hasta niveles virtualmente de cero.
Pero también significo un apoyo insuficiente e inequitativo que solo favorece a quien tiene automóvil y no a la mayoría de las personas, dando como resultado una ineficiente medida.
También la utilización de mayores recursos, para otras prioridades como son las “grandes” obras de la presente administración, no han permitido que esa diferencia positiva en las finanzas pudiera aplicarse mejora de los sistemas de salud o educativo o de justicia o por lo menos en la reactivación y fortalecimiento de los sectores productivos.
Esto ha provocado una débil reanimación económica que, de acuerdo a datos de la SHCP, al segundo trimestre de 2022, aún no se alcanza el nivel del PIB previo a la pandemia, los ingresos tributarios por concepto de ISR, IVA e importaciones resultaron, cada uno, muy superiores, en términos reales, a los de 2021. Pero estos no se han aplicado a favor de la población para mejorar su calidad de vida.
Y así lo demuestran los datos del gasto primario del sector público, es decir, el que excluye el costo financiero, el cual se ubicó por abajo del programa.
Todo esto solo deja como resultado no se han aprovechado los recursos de manera oportuna para un mejor bienestar y solo se pretende concluir obras que hasta el momento no han demostrado una utilidad importante para la población en general.
