Por Víctor Barrera
La inseguridad que cada vez alcanza niveles más altos es uno de los factores principales de que no pueda establecerse un ritmo de crecimiento económico a favor de todos y que solo ahuyenta las inversiones en el país.
El costo y efecto de los actos vandálicos que día tras día se presentan a mayor escala también representan la ruptura de las cadenas productivas que impiden que los productos lleguen a las casas de las familias mexicanas.
De no aplicarse una estrategia para evitar que esta inseguridad escale a niveles más altos, el país seguirá siendo rehén de estos grupos criminales.
La inseguridad pública es considerada el mayor riesgo para las actividades económicas y productivas en México, seguido de la incertidumbre política y la falta de Estado de derecho, que entre cambios de leyes y cambios de normas que no son dialogadas, sino impuestas, han creado distorsiones severas en las cadenas de producción.
Esto hace que México sea visto como un país con un alto índice de incertidumbre para hacer negocios lo que implica menor cantidad de empleos creados y mayor pobreza social.
De acuerdo con la encuesta de expectativas levantada por el Banco de México, al cierre de julio, los problemas de gobernanza, representan el 39 por ciento de riesgo, por encima del alto índice de inflación que alcanza un porcentaje del 21 por ciento de riesgo.
Sin embargo, la pasividad con la que actúa el gobierno federal, bajo su política de “abrazos y no balazos” ha convertido al todo el territorio mexicano en una tierra donde el más fuerte es quien manda, pero lo más lamentable es que la pasividad del gobierno va acompañada de frases como señalar que este gobierno también defiende los derechos de los integrantes de organizaciones criminales o manifestar que la violencia desaparece cuantío solo un grupo controla una plaza.
Esto provoca que estos grupos criminales, piense que este gobierno les hace entrega de una Patente de Corzo, que les permite aplicar su ley y establecer batallas para manifestarse como el grupo más dominantes de plazas y territorio nacional.
Llevamos cuatro años esperando la solución a este problema que de acuerdo a López Obrador era sencilla y que al entrar en funciones como titular del Poder Ejecutivo esto acabaría. Pero todo ha sido, al contrario, el crimen organizado se siente protegido y actúa de acuerdo a su voracidad de establecer dominio económico y político dentro del país.
Hace ver al gobierno federal como su empleado y cuando algo no les gusta a estos grupos criminales salen a las calles a ocasionar violencia y miedo a la sociedad, ante la pasividad, o complacencia del gobierno.
Hay quienes han apuntado que posiblemente todo esto sea un punto que le interesa al gobierno federal para permanecer un sexenio más al frente del poder. Es momento de que ciudadanía alcemos la voz y exijamos que el gobierno cumpla con su obligación de resguardar los bines y vida de todos los mexicanos o de lo contrario que renuncie y permita el paso a quien si pueda establecer una estrategia que combata de manera efectiva la inseguridad.
