Sin mapas de riesgo y con evidentes omisiones en materia de inspección de minas en la Región Carbonífera de Coahuila por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también del IMSS y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien compra el 90 por ciento del carbón, son parte de los responsables de la tragedia en la mina o pocitos de El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros.
Afirmaron expertos en protección civil, organizaciones no gubernamentales y en derecho laboral, quienes expusieron que lo ocurrido en los pocitos de carbón no es un caso aislado, ya que son frecuentes los accidentes, sin que exista una supervisión de las autoridades laborales y lo más grave es que muchos de los mineros ni siquiera están dados de alta en el IMSS o están son un salario más bajo.
Alfonso Bouzas Ortíz, experto en derecho laboral y catedrático de la UNAM, indicó que la industria minera es la que tiene las peores condiciones de trabajo en el país, con bajos salarios, sin afiliación al IMSS, con trabajo infantil y con una nula supervisión de la Secretaría del Trabajo.
Dijo que históricamente hay una responsabilidad del gobierno porque ha tolerado esas condiciones de trabajo y ni siquiera evento Pasta de Conchos, logró modificar el tema de la inspección laboral y de esta situación se benefician empresarios mexicanos y de Estados Unidos, así como políticos cercanos al actual gobierno.
Indicó que la explotación extrema en los llamados pocitos de carbón, donde el principal beneficiario es el propio gobierno federal vía la CFE, quien compra el 90 por ciento del carbón en esa zona, que permite grandes ganancias económicas, pero no hay ningún tipo de seguridad social, laboral o de otro tipo.
“El gran Talón de Aquiles de la Secretaría del Trabajo es la nula inspección laboral en las minas y cuando se da es frecuente la corrupción y prefieren los empresarios pagar una mordida a ser revisados”, agregó.
Sumado a ello, dijo el trabajo infantil es una práctica común en la minería artesanal o en los pocitos.
Por su parte, el investigador y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Jorge Alberto Rodríguez, dijo que en la llamada Región Carbonífera de Coahuila se carece de mapas de riesgos o si existen no están actualizados, lo cual ha derivado en que no se tengan planes reducción, prevención y gestión de riesgos y accidentes que permitan evitar situaciones o tragedias como la ocurrida en los pocitos de carbón de Sabinas, donde 10 mineros siguen atrapados.
Expuso que ni los gobiernos estatales, municipales, federal se han preocupado por este tipo de mapas o cartas de riesgo, donde no sólo se indique la posibilidad de explosiones o inundaciones en las minas de carbón, además del número de trabajadores en cada pocito o mina, los mecanismos de rescate e incluso las afectaciones económicas a esas comunidades.
Apuntó que los mapas de riesgos que hay no es fácil detectar si habrá un accidente y cuál será su gravedad, por lo que es más difícil contar con medidas eficientes de reducción de riesgos y planes de emergencia adecuados.
“La tarea de los gobiernos estatales es todavía muy grande, ya que los estados están expuestos a una multitud de fenómenos que pueden ocasionar daños severos, como explosiones e inundaciones y si tuvieran mapas de riesgos más detallados y actualizados, su labor podría ser más eficaz ay eficiente”, dijo el ex coordinador de Protección Civil de la UNAM.
Omar Ballesteros, activista e integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, coincidió en la explotación extrema en los llamados “pocitos” y en la inacción de autoridades de todas las dependencias para frenarla o para prevenir tragedias, por lo que dijo debería prohibirse este tipo de explotación minera en el país.
No había lista de las personas que estaban trabajando, no sabemos con certeza si son 10 o más, no llevan un control, protocolo a seguir. Exigimos organización y que clausuren estas minas”, subrayó.
“La explotación laboral de los mineros es terrible más, en estos pozos de carbón, donde se labora sin estudios hidrogeológicos, sin salidas de emergencia, donde solo se les dota a los mineros de un casco y una lampara como medida de protección y en donde están metidos como empresarios muchos políticos de diferentes partidos”, apuntó.
Lamentó que las tragedias se repitan en la llamada zona Carbonífera del país y no existe ningún tipo de verificación por ninguna instancia a la Secretaría del Trabajo, ni del IMSS,
“En este sexenio se le apostó a los pequeños empresarios para venderle carbón a la CFE, pero la mayoría de los empresarios son gente con cargo político que se está beneficiando de esta explotación extrema a los mineros y que le apuestan a las grandes ganancias antes que a la seguridad y la vida de los mineros”, apuntó.
