La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedentes los juicios que consejeros electorales y servidores públicos del Instituto Electoral local (IECM) interpusieron contra la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.
Por unanimidad los magistrados acordaron como improcedentes 50 demandas que presentaron el órgano electoral, y por separado los consejeros Erika Estrada, Mauricio Huesca, Carolina del Ángel y Ernesto Ramos; así como los titulares de las unidades técnicas que desaparecerán con la implementación de la reforma, y representantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales.
La declaración de improcedencia se produjo a raíz de que las partes actoras no agotaron la instancia jurisdiccional local, por lo que ordenaron respetar la cadena impugnativa con lo que rencauzaron los juicios al Tribunal Electoral local (TECM), el cual deberá resolverlos antes de que se cumplan los 91 días de la entrada en vigor de la reforma.
“Este órgano jurisdiccional considera que el plazo dispuesto en el decreto de reforma y la posible carencia de recursos humanos y presupuestales para cumplimentar el decreto de reforma, por sí mismos, no son razón suficiente para desconocer el sistema de medios de impugnación que dispone la ley electoral en la Ciudad de México.
“Tales elementos no justifican una situación de carácter extraordinario para que esta sala superior resuelva directamente la controversia”, indica el expediente con número SUP-JDC-486/2022. De manera paralela, el IECM continúa con su restructuración que deberá estar lista antes del 1º de septiembre próximo.
Mientras, en el Poder Legislativo local no se ha definido la ruta a seguir, luego de que el TECM ordenó la devolución de aproximadamente 198 millones de pesos al IECM.
Por una parte la mesa directiva del Congreso, que preside Morena, insiste en que impugnará la sentencia, aunque diputados de la oposición junto con la asociación parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, llamaron a acatar la decisión de los magistrados y realizar un periodo extraordinario de sesiones para modificar el decreto de Presupuesto de Egresos 2022.
La sentencia da un plazo de 15 días al Legislativo para devolver los recursos al instituto, los cuales servirán para garantizar la entrega de prerrogativas a partidos lo que resta del año, y dar continuidad a los contratos de seguridad y limpieza.
