Es alarmante que el Gobierno del Presidente López Obrador no ha conseguido resolver el problema del subejercicio presupuestal en el sector salud, una práctica que ha sido frecuente en esta administración, incluso durante los momentos más duros de la pandemia, señaló el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se entrega al Congreso de la Unión, el subejercicio en salud, ascendía a los 18,701.8 millones de pesos. De los 59,838.6 millones de pesos que la Secretaría de Salud tenía para gastar del ramo 12 durante el primer cuatrimestre del año, solamente ejerció el 69% que fueron 41,136.8 millones de pesos.
El dinero restante está en la Tesorería de la federación y es posible que ni siquiera se invierta en salud, ya que el gobierno federal ha recurrido a la práctica de desviar recursos de un ramo a otro para sus “obras prioritarias” durante todo el sexenio.
Uno de los programas afectados es el U013, que es para Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que precisamente es el dinero destinado a la salud de los más pobres, es decir, a aquellos que no están afialiados a una institución de seguridad social y dependen del INSABI.
Los subejercicios en el gasto público implican el incumplimiento de obligaciones por parte de las instituciones del sector salud, incurrir en subejercicio se traduce en menores recursos destinados a la atención a la población, frenan el acceso a medicamentos y tratamientos, pero también demuestran la incapacidad de los servidores públicos para poner en marcha los programas gubernamentales.
Hoy son evidentes las carencias presupuestales en sector salud público; faltan recursos para contratar médicos y personal, para contar con abasto de medicamentos, para la atención médica regular, para atender a los pacientes con enfermedades catastróficas, para pagar becas a residentes y prestadores de servicio social, para apoyar la investigación e innovación médica, además de recursos para la infraestructura hospitalaria y su equipamiento.
El sistema de salud se encuentra en la antesala de una debacle mayor ante la suspensión de servicios, el retraso de cirugías, reducción en el número de trasplantes, retrasos en servicios y anulación de tratamientos para enfermedades catastróficas como el cáncer, la interrupción de consultas y sus tratamientos.
De manera criminal, el gobierno del Presidente López Obrador ha dejado de ejercer el gasto programado para el sector salud que la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, poniendo en riesgo los programas de vacunación, el abasto de medicamentos, la atención a enfermedades de transmisión sexual, los servicios de salud de primer nivel y de especialidad, la atención a personas con discapacidad, la prevención y control de de las adicciones, además de la inversión en infraestructura, como construcción y rehabilitación de hospitales y centros de salud, entre otros programas.
¿Cómo pretende el gobierno federal avanzar en el cumplimiento del derecho humano a la salud si restringe el gasto en programas sociales y de inversión? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, establece que los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales.
En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. Es evidente que existe una intención orientada a no ejercer el presupuesto programado, pues presumiblemente, los “ahorros” que se generen, pasarán a ser parte de los programas que el presidente considera prioritarios. Es decir, pareciera una estrategia para dejar de gastar en salud y otros ramos, y destinar este dinero a los programas clientelares.
Actualmente la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su capitulo de Sanciones e Indemnizaciones, mandata a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los actos que pudiera constituir una responsabilidad sujeta a sanción, cuando los servidores públicos realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos.
Por lo que resulta fundamental que en el control del gasto público se asegure que los subejercicios no son realizados con el propósito de reorientar el dinero de los mexicanos hacia áreas que el Presidente considera como prioritarias, pasando por encima del derecho a la salud.
El Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitará un informe sobre los subejercicios criminales que se cometen en la Secretaría de Salud, INSABI e instituciones de seguridad social.
Además de solicitar formalmente a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso iniciar un procedimiento para sancionar, a los Servidores Públicos que deliberadamente generen subejercicios durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, puesto que están poniendo en riesgo millones de vidas y el bienestar de los mexicanos.
