La necesidad de buscar soluciones para el retiro y la estabilidad de los adultos mayores, debe estar garantizada por el Estado sin excluir a nadie, señaló el diputado federal del PRI, Eduardo Zarzosa, por ello expuso una iniciativa que modifica el artículo 4 constitucional, para bajar a 60 años la entrega de pensión y garantizar que el monto se elevará conforme a la fluctuación de la inflación.
Al presentar el proyecto de los promoventes priistas Marco Antonio Mendoza, Johana Montcerrat Hernández, Sayonara Vargas, Norma Aceves y Victoria Eugenia Méndez, el legislador explicó que los cambios beneficiarían al sistema de pensiones no contributivas, creado hace 20 años en México, el cual ha avanzado de manera gradual en su implementación.
Explicó, en 2007, el Gobierno Federal diseñó la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más, con el fin de atender a esta población y mejorar su situación de vida; el programa en 2014, contó con una partida del Presupuesto de Egresos y la edad de la población beneficiaria se redujo a 65 años y se elevó el monto de la transferencia.
En ese sentido, Zarzosa Sánchez indicó en 2019, este programa fue modificado por segunda ocasión para reducir la tasa de personas que no contaban con apoyos para retirarse. Sin embrago, anotó, las metas no han seguido la ruta correcta porque en 2020, el partido en el poder modificó el artículo 4 constitucional para obligar al Estado a entregar estos apoyos, pero sin establecer una fórmula que lo garantice.
Puntualizó que este apoyo a la población adulta además ha encarado retos como el de la pandemia del Covid-19, que en los primeros meses dejó de recibir la ayuda y la actual inflación que alcanzó los niveles de 7.7 por ciento, ha disparado los precios de los productos de la canasta básica, afectando a este grupo. Mencionó, a pesar de esta realidad, los criterios y montos de la Pensión para adultos mayores no se han modificado de acuerdo a las necesidades que tienen hoy las personas.
Actualmente, la pensión que otorga el Gobierno únicamente cuenta con un padrón de más de 10 millones derechohabientes; esto significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanos excluidos, independientemente de su condición económica. En este sentido, insistió, es que esta iniciativa busca dar una solución que integre la trayectoria institucional del programa y aprenda de los errores que está cometiendo la administración.
El diputado Eduardo Zarzosa, además de solicitar su adhesión a la iniciativa de sus correligionarios, dijo que la emergencia del Covid-19, demostró que es necesario proteger a la población más vulnerable y, por ello, el PRI refrenda su compromiso con todos los sectores de la sociedad mexicana y en el desarrollo de políticas de inclusión.
