En la Cámara de Diputados, por la vía del fast track, brincando a las comisiones y obviando trámites, el Pleno aprobó de “panzazo”, con una votación de apenas 268 a favor y 213 en contra, la iniciativa promovida de manera exprés por el Presidente de la Mesa Directiva.
Esto, con el fin de “interpretar” las disposiciones en materia de revocación de mandato, así como normas electorales, e impedir que los organismos autónomos sancionen a servidores públicos a los que se ha conminado a abstenerse de emitir opiniones y expresiones por violar la veda electoral en el marco de la consulta de revocación de mandato.
La “interpretación” exprés al concepto de propaganda electoral tiene como fin establecer que los dichos de los servidores públicos, no caen en esa definición.
Después de más de cuatro horas de debate en lo general, inició la discusión en lo particular.
Al defender su iniciativa, el presidente de la Cámara e integrante de la bancada de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que la “interpretación” de las leyes aprobadas previamente por el Legislativo es válida.
Indicó que no se pueden calificar ni sancionar como propaganda gubernamental las expresiones de los funcionarios, cuando no se utilicen recursos públicos y en especial, el erario destinado a la comunicación gubernamental.
“Respecto de la propaganda gubernamental tiene que ver con la utilización de recursos públicos. Que las vedas donde se prohíbe a los entes públicos a hacer propaganda gubernamental, debe ser entendida esta en la utilización de recursos, en el ejercicio de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda”.
Gutiérrez Luna añadió que su propuesta busca proteger la libertad de expresión de servidores públicos, como el Presidente de la República, ha sido coartada por decisiones de los organismos electorales que se han extralimitado en sus funciones.
Están aplicando sanciones por acciones “futuras”, lo cual ya ha sido calificado como inconstitucional por la Suprema Corte, argumentó.
“Hablar, escuchar, discernir no tiene por qué prohibirse por órganos electorales. Se han venido aplicando sanciones por analogía e incluso previendo situaciones futuras, con esto de la llamada tutela preventiva”, reclamó.
Los legisladores de la mayoría fueron insistentes en acusar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han querido detener los foros de difusión de la reforma eléctrica, también las acciones de promoción de ese ejercicio llevadas a cabo por personas relacionadas con el partido Morena.
Es un “boicot” absurdo, recriminó el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.
Las autoridades electorales y los legisladores de oposición, abundó el diputado morenista Hamlet García, quieren “acallar” al partido Morena y al Presidente, para que no difundan la consulta de revocación, diciendo que hacen propaganda gubernamental, mientras permiten a la oposición criticar la consulta de revocación.
No se puede permitir a organismos autónomos “estar sometiendo” al Legislativo ni a los servidores públicos cuya libertad de expresión se está coartando, acusaron.
El INE, agregó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, no puede tener atribuciones discrecionales.
También justificó “brincarse” todos los trámites para hacer pasar rápidamente la “interpretación” a debate, porque no todos los dichos de los servidores públicos, aún en época de veda electoral, pueden considerarse propaganda electoral.
El legislador reconoció que los ajustes “interpretativos” tienen como centro al Presidente de la República cuyo modo de comunicar las acciones de su gobierno no gustan, pero seguirá haciéndolo.
Al manifestarse en contra, integrantes de la oposición, incluso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque los diputados del Movimiento Ciudadano (MC) habían advertido acompañarían a Morena, coincidieron en que los cambios legales a través de los que se quiere dar luz verde a la propaganda gubernamental a la cual se hace pasar como “libertad de expresión”, son inconstitucionales.
Se busca permitir, remarcó la vicepresidenta de la Mesa Directiva e integrante del PRI, Marcela Guerra, que los funcionarios públicos violen la veda electoral y generar un beneficio directo al Presidente de la República.
La ley no se puede cambiar con un decreto de “interpretación”, alertó el panista Humberto Aguilar Coronado, quien calificó al presidente de la Cámara, como el protagonista de la película mexicana “La Ley de Herodes”, caracterizado por “interpretar” la ley a conveniencia, conforme a sus intereses particulares.
Prevén que el uso de recursos públicos para violar la veda electoral, no ser considerará propaganda gubernamental y con ello, afectar la equidad de la contienda, alertó el panista Santiago Torreblanca, quien añadió que los cambios a discusión también tendrán efecto a futuro.
Se busca permitir el uso de medios de comunicación y recursos públicos en general no “etiquetados” para propaganda gubernamental, sin que haya sanción.
La diputada de MC, María Elena Limón, quien advirtió que el proyecto será impugnado ante las instancias correspondientes, dejó en claro que los legisladores de la mayoría lo impulsan para violar la ley, mientras las autoridades jurisdiccionales analizan su legalidad.
Las “reglas censoras” que Morena y aliados están reinterpretando, añadió el vicecoordinador panista Jorge Triana, fueron impulsadas por ellos mismos cuando eran oposición.
Se promueve la discusión porque aquel que dijo “cállate chachalaca” al entonces Presidente Vicente Fox es el actual titular del Ejecutivo, “pero como la chachalaca hoy es otra ya no les acomoda”.
