La diputada federal por Puebla, Inés Parra Juárez (Morena), solicitó a Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reunión de trabajo con el personal de la comisión, a fin de que atiendan el cobro del denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), cuál es su consistencia constitucional y si hay posibilidad de cancelarlo.
En conferencia de prensa, informó que este lunes entregó a dicha solicitud a Bartlett Díaz, ya que el convenio del cobro del DAP se puso en evidencia en la acción de inconstitucionalidad 87/2020, que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual “determina, entre otras premisas, que el cobro del mal llamado Derecho de Alumbrado Público, no es un derecho, sino un gravamen o impuesto, y por tal motivo este impuesto era injusto y anticonstitucional por ser un cobro doble para un mismo servicio que, por cierto, ya se prevé en el cobro del IVA del impuesto predial”, añadió.
Parra Juárez recordó que el pasado 24 de diciembre el congreso local de Puebla aprobó en la Ley de Ingresos del estado el cobro del DAP para 143 ayuntamientos de la entidad, el cual tendrá que cobrarse a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que ésta recaude los cobros y se tomen a cuenta de lo que los gobiernos deben pagar de luz.
Expuso que el cobro del DAP es injusto, porque atenta contra la economía de las clases populares, además de que es inequitativo, ya que se paga por un servicio de alumbrado público lo tenga o no la población.
“Esto va en contra de lo que debe defender la Cuarta Transformación: la defensa de los más desprotegidos. Además, el cobro del DAP es un vicio del viejo régimen neoliberal, por lo que la Comisión Federal de Electricidad deberá cancelar este cobro pernicioso para la población”, enfatizó.
Parra Juárez consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “deberá cancelar esta inercia neoliberal que sigue afectando a las clases más desprotegidas, y es un impuesto que se degradó en corrupción, no hay transparencia en su uso y destino”.
Comentó que en el documento que dirigió a Bartlett Díaz, lo cuestionó sobre su postura al respecto si hay voluntad política y administrativa para cancelar un cobro injusto anticonstitucional, el cual “es un viejo vicio del viejo régimen que está administración del presidente López Obrador debe depurar”.
