La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia, determinó que la acción que realizaron el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, al sustraer a un niño del Centro de Asistencia Social Capullos del DIF de Nuevo León para una “convivencia familiar”, no se llevó a cabo conforme a la ley, pues no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor ni a la familia formada por el mandatario.
A través de un comunicado, el SNDIF señaló asimismo que ante el requerimiento de información que hizo a la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, referente al caso, dicha entidad pública expuso que desde hace tres meses el niño “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. Y argumentó que se autorizó la salida del niño del DIF Capullos bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una “figura significativa”.En seguimiento al caso del supuesto “permiso de convivencia familiar” a través del cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León habría permitido el egreso de un niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social (público) “Capullos”, la Procuraduría Federal de Protección, detalló que el miércoles 19 de enero recibió vía correo electrónico información de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León, para responder al requerimiento de esa instancia federal con el fin de conocer el proceso legal seguido para conceder el supuesto medio alternativo de cuidado familiar.
